Cuando una aplicación de mensajería se convirtió en prueba de terrorismo

A medida que los profesionales de la justicia tratan los metadatos digitales como si fueran pruebas irrefutables, el alcance de los juicios por terrorismo ha aumentado de forma incontrolable.

Pero esa no es la historia completa: estas personas fueron criminalizadas por una confluencia de narrativas de Estado sobre la omnipresencia del terrorismo y un sistema judicial que otorga a los datos digitales un peso inmenso. A medida que los profesionales de la justicia tratan los metadatos digitales como si fueran pruebas irrefutables, el alcance de los juicios por terrorismo ha crecido de forma incontrolable, ofreciendo una lección a las naciones de todo el mundo sobre los riesgos de las pruebas digitales en los sistemas de justicia penal.

APLICACIÓN ILÍCITA

Cuando el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Erdoğan llegó al poder en 2002, la red Gülen ya controlaba varios medios de comunicación, escuelas, bancos y empresas. Durante la siguiente década de gobierno del AKP, la red Gülen vivió su época dorada. El gobierno turco animó a los miembros de Gülen a ocupar puestos clave en la judicatura, la policía, el ejército y otras partes de la burocracia estatal.

Pero un escándalo de corrupción en 2013 transformó los conflictos encubiertos entre el AKP y los gülenistas en una guerra total. Los antiguos aliados se convirtieron en enemigos declarados. El gobierno de Erdoğan redefinió la red de Gülen, primero como una estructura estatal paralela y luego como la Organización Terrorista Fethullahista. El gobierno también destituyó y procesó a destacadas figuras supuestamente leales a Gülen.

El 15 de julio de 2016, un grupo de las fuerzas armadas turcas dio un golpe de Estado fallido, del que el gobierno de Erdoğan culpó a la red Gülen y a su líder Fethullah Gülen. Tras la intentona golpista, las operaciones antiterroristas comenzaron a dirigirse contra personas corrientes que estaban asociadas a las instituciones de la red en algún aspecto de sus vidas. La nueva narrativa estatal convirtió a todos los seguidores de Gülen en un grupo de fanáticos que ocultan su verdadera identidad y no reconocen ninguna moral en su implacable búsqueda del poder.

Sin embargo, descubrir a los miembros de un grupo tan supuestamente escurridizo pero omnipresente sería casi imposible con las tácticas de investigación tradicionales. Por ello, el gobierno recurrió a distintos tipos de pruebas digitales —incluida una aplicación de mensajes encriptados llamada ByLock: Secure Chat & Talk—.

Mehmet Yılmaz, vicepresidente del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales, presentó ByLock como la “prueba más sólida” de la pertenencia a FETO. Disponible en Google Play, la tienda de aplicaciones de Apple y otras plataformas en línea entre 2014 y marzo de 2016, la aplicación pública fue descargada más de 500.000 veces por usuarios de todo el mundo. Sin embargo, basándose en algunos mensajes descifrados y en la localización de direcciones IP, la Organización Nacional de Inteligencia turca sostuvo que los gülenistas diseñaron y utilizaron exclusivamente la aplicación. [2] [2] Las direcciones de protocolo de Internet (IP) son números únicos asignados a cada aparato conectado a Internet. Por ejemplo, mientras escribía esta nota, mi dirección IP era 168.150.104.237.

Examinadores forenses independientes a los que entrevisté reconocen que la mayoría de los usuarios son efectivamente simpatizantes de Gülen, y que los diseñadores probablemente se habían conectado a la red. Pero, para ellos, poseer ByLock no es prueba de pertenencia a FETO.

La “evidencia” tiene dos grandes problemas: la organización de inteligencia y la fiscalía definieron como usuario de ByLock a cualquiera que se conectara o descargara la aplicación, aunque no enviara ningún mensaje. En segundo lugar, la mayoría de los mensajes eran conversaciones cotidianas, como compartir recetas de cocina o alabanzas religiosas.

DUDAR DE LAS PRUEBAS DIGITALES

Los examinadores forenses digitales estiman que la evaluación de ByLock por parte de la Organización de Inteligencia convirtió inicialmente a unas 215.000 personas en sospechosas de terrorismo.

Los jueces empezaron a condenar a cualquiera cuyo teléfono se conectara al servidor de ByLock, independientemente de que se enviaran o no mensajes. Las personas a las que entrevisté me dijeron que solo los datos digitales podrían descubrir las conspiraciones de un grupo religioso desviado que se oculta mediante mentiras y disfraces. También supusieron que los datos digitales extraídos de las bases de datos de vigilancia y del servidor ByLock podían identificar a los individuos en la red de internet.

Hay razones para dudar de que esa lógica pueda hacer justicia. En 2017, examinadores forenses digitales independientes y abogados descubrieron miles de teléfonos conectados al servidor de ByLock sin conocimiento de sus usuarios. Esta revelación obligó a la fiscalía a retirar los cargos contra 11.480 presuntosusuarios de ByLock y a reconocer la existencia de “errores” en las investigaciones digitales.

Sin embargo, refutar las pruebas de ByLock tuvo un costo, como explicaron mis interlocutores: los medios de comunicación progubernamentales organizaron campañas de difamación contra expertos independientes a través de plataformas de redes sociales y agencias de noticias. Estos expertos recibieron amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas no identificadas. Un defensor público fue despedido de su trabajo.

A pesar de las intensas presiones, un puñado de expertos siguió insistiendo en lo absurdo de vincular todos los rastros de ByLock al terrorismo. Afirmaron que la infraestructura de internet del país hace imposible identificar las conexiones individuales a ByLock. El proveedor de internet de Ahmet, por ejemplo, distribuía la misma dirección IP a miles de clientes. [3] [3] Si se utilizan direcciones IP dinámicas, estas pueden cambiar. Además, los usuarios pueden sustituir sus direcciones IP reales a través de redes privadas virtuales (VPN), que enmascaran la ubicación, identidad y actividad de un usuario. Así, los registros de conexión asociados al teléfono de Ahmet pueden haber pertenecido a otra persona.

Además, aunque mucha gente utilizara la aplicación y simpatizara con la red de Gülen, eso no significa que sean terroristas. Millones de personas, incluidos destacados actores gubernamentales, tenían vínculos con Gülen por motivos religiosos, laborales o de influencia política.

Los jueces a los que entrevisté conocen estas cuestiones. Siguen utilizando los “registros ByLock” como prueba. “En materia de terror, a veces sacrificamos los derechos humanos”, me dijo un juez.

INOCENTES Y ARRUINADOS

Dada la pasada asociación de los gülenistas con el aparato estatal turco, no es de extrañar que pocos líderes de la oposición destacaran en sus discursos públicos las dudosas acusaciones de terrorismo. Los partidos de la oposición, como el Partido Republicano del Pueblo, coinciden en que el conflicto mortal entre dos movimientos islámicos está arruinando el país. No quieren asociarse con el gobierno de Erdoğan, los gülenistas o cualquier presunto asociado de la red Gülen.

Pero los actores destacados de la red constituyen una pequeña proporción de los enjuiciados. Más bien, estos juicios incriminan predominantemente a estudiantes, profesores, médicos y otros ciudadanos de a pie probablemente inocentes.

Seis meses después de que Ahmet cumpliera su pena de cárcel, en septiembre de 2023, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó una sentencia que cuestionaba todos los juicios por el uso de ByLock y otras investigaciones digitales llevadas a cabo tras la intentona golpista. El TEDH consideró que el Estado turco violó los derechos de un profesor cuyo caso se basaba principalmente en el supuesto uso de ByLock. En la sentencia, el tribunal también destacó otros más de 100.000 casos similares.

Desde la sentencia, Bylock rara vez se ha utilizado como prueba en nuevos juicios.

Pero para los ya procesados, como Ahmet, muchos no saben cómo afrontar la inseguridad jurídica que les persigue desde hace años. Algunos ya han cumplido su condena. Otros están en prisión. Y muchos más —que fueron absueltos o no fueron juzgados— han perdido su trabajo y su dignidad.

El caso ByLock ejemplifica cómo las autoridades estatales pueden arruinar la vida de las personas bajo la bandera de la lucha antiterrorista —y normalizarlo—. Esta violencia se manifiesta de muchas formas y en muchos lugares: la excesiva vigilancia gubernamental en Estados Unidos, los bombardeos israelíes de zonas civiles en Gaza o, como en Turquía, la producción y manipulación de pruebas forenses. Debemos denunciar y rechazar los sistemas políticos que convierten arbitrariamente nuestras vidas en precarias y desechables.